Esta semana, el Congreso de la República aprobó una ampliación presupuestaria de 16 mil millones de quetzales, una decisión que ha generado asombro y tristeza en muchos guatemaltecos. Durante la sesión, fuimos testigos de prácticas que, lamentablemente, hemos visto repetirse a lo largo de los años. Como si esto no fuera suficiente, el martes la SAT reveló la existencia de más de 400 empresas fantasma que facturaron más de 6,000 millones de quetzales al Estado de forma, como mínimo, opaca. Este descubrimiento deja en evidencia que las fugas de dinero, las sobrevaloraciones y el corporativismo político están profundamente enraizados en el funcionamiento diario del gobierno.
El gobierno actual asumió el poder con un mandato claro: luchar contra la corrupción. La campaña que lo llevó al poder se centró en la promesa de acabar con un mal que, según ellos, cuesta al país entre el 30% y el 40% de sus recursos. Si partimos de esa hipótesis, la lucha contra la corrupción no es solo una opción; es el camino necesario para construir un gobierno más eficiente, un presupuesto más ajustado y enfocado, y, sobre todo, el camino para brindar tranquilidad a las próximas generaciones.
Corrupción: Más Allá del Robo Directo
Cuando hablamos de corrupción, la mayoría de las personas piensa en robos, sobrevaloraciones de productos y servicios, y otros actos delictivos que desvían recursos del Estado hacia manos privadas. Sin embargo, la corrupción va más allá de estos actos obvios. En mi opinión, también incluye el gasto ineficiente que se da en programas, oficinas, estructuras y burocracia que no sirven para nada más que elevar el presupuesto de gasto de un gobierno. Este tipo de corrupción, aunque menos visible, es igualmente dañina para el país.
Por ejemplo, mantener oficinas que no cumplen una función clara, financiar programas que no tienen un impacto real en la población, o sostener una estructura burocrática inflada que solo sirve para justificar mayores presupuestos, son formas de corrupción. No se trata solo de cuánto dinero se desvía, sino de cómo se gasta el presupuesto disponible. Cada quetzal que se malgasta en estas prácticas es un quetzal que podría haberse utilizado para mejorar la educación, la salud, la infraestructura o cualquier otra área vital para el desarrollo del país.
El reciente caso presentado por SAT muestra que la corrupción sigue siendo un problema sistémico en Guatemala. Pero también abre la puerta a la posibilidad de que la hipótesis del partido de gobierno sea correcta: si realmente se centra en combatir la corrupción, podríamos tener un gobierno más eficiente y un presupuesto más ajustado y enfocado en las verdaderas necesidades del país.
Imaginemos que una familia descubre que su dinero se está escapando a través de pequeños agujeros en su presupuesto, ya sea por gastos innecesarios o por robos internos. La primera acción lógica sería cerrar esos agujeros para evitar más pérdidas, antes de buscar ingresos adicionales. Esto es exactamente lo que el gobierno debería hacer. Antes de pedir un aumento de presupuesto, debería enfocarse en identificar y cerrar las fugas de corrupción, eliminando el gasto ineficiente y garantizando que cada quetzal se utilice de manera responsable.
En lugar de seguir este camino lógico, el gobierno ha optado por la salida fácil: pedir más dinero. Este aumento presupuestario no se sostiene, especialmente considerando que el gobierno ya cuenta con el presupuesto más grande en la historia del país. En lugar de buscar más recursos, debería enfocarse en hacer más con lo que ya tiene, eliminando la corrupción en todas sus formas.
Es importante recordar que el gobierno no genera recursos por sí mismo; utiliza los impuestos que paga la gente, los ciudadanos. Esto significa que serán entonces los ciudadanos, quienes terminarán pagando por esta ampliación presupuestaria. Este tipo de decisiones no son solo un tema de ideologías políticas, sino de sentido común. El gobierno debería esforzarse por maximizar la eficiencia de cada quetzal antes de pedir más.
La reciente aprobación del aumento presupuestario es un retroceso que debemos lamentar, pero también es una llamada de atención. Como ciudadanos, es nuestro deber exigir que el gobierno cumpla con su promesa de luchar contra la corrupción, no solo en sus formas más evidentes, sino también en la manera en que administra los recursos públicos. Sindicatos politizados, oficinas y programas inexistentes o sin impacto real, ministerios que no funcionan, y todo gasto prescindible debe ser eliminado.
No podemos permitir que el gasto ineficiente y la corrupción continúen drenando los recursos del país. Es hora de que el gobierno asuma la responsabilidad de hacer más con menos, garantizando que cada quetzal se utilice de manera eficiente y en beneficio de todos los guatemaltecos. Solo así podremos asegurar un futuro más próspero y justo para las próximas generaciones.
Juan Carlos Eggenberger 