La pensión alimenticia, un instrumento legal diseñado para garantizar el bienestar y desarrollo de los dependientes en situaciones de vulnerabilidad, ha visto cómo su espíritu original se ha desvirtuado en Guatemala. Aunque su naturaleza busca proteger a los hijos menores de edad o a cónyuges que no pueden autosostenerse por causa de enfermedad o discapacidad, este mecanismo se ha utilizado en ocasiones de manera abusiva, transformándose en una herramienta de presión económica y, a menudo, en un medio de perpetuar dependencias innecesarias.
La legislación guatemalteca establece que la pensión alimenticia es un derecho irrenunciable, proporcional y basado en las necesidades del beneficiario y la capacidad económica del obligado. En el caso de los hijos menores de edad, el Código Civil (artículo 252) establece que ambos padres tienen la obligación de contribuir al sustento de sus hijos, de acuerdo con sus posibilidades económicas. Este principio fundamental garantiza que la carga no recaiga exclusivamente en una de las partes. Sin embargo, en la práctica, el sistema judicial a menudo tiende a cargar de manera desproporcionada esta responsabilidad en uno de los progenitores, generalmente el padre, mientras que el otro evade su obligación o minimiza su contribución. Esto no solo genera desigualdades, sino que también fomenta un sentimiento de injusticia y resentimiento en el progenitor obligado.
En el caso de los hijos mayores de edad, la pensión alimenticia se puede mantener mientras estudien o si tienen una incapacidad que les impida trabajar. No obstante, este principio es frecuentemente manipulado. Existen casos en los que hijos adultos prolongan deliberadamente su dependencia económica, sin un compromiso real con sus estudios ni con su independencia financiera. Esto genera una carga económica innecesaria para el obligado y contradice el espíritu original de la pensión, que busca proteger en situaciones genuinas de necesidad, no sostener a personas capaces de valerse por sí mismas y que por distintas razones, ven derechos en donde solamente hay privilegios.
La situación es aún más problemática cuando ex cónyuges utilizan la pensión alimenticia para mantener un nivel de vida que no pueden sostener por sí mismos. En lugar de promover la autosuficiencia, algunos ex cónyuges demandan pensiones desproporcionadas que afectan la estabilidad emocional, financiera y familiar del “obligado”. En lugar de ajustar su realidad a sus posibilidades, pretenden, a través de la ley, obligar al otro a sostenerlas, bajo amenaza de ser desprestigiado públicamente por no hacerlo. Este abuso no solo pone en riesgo el sustento del núcleo familiar, sino que también genera tensiones y resentimientos entre padres e hijos, al distorsionar la percepción del esfuerzo y compromiso de uno de los progenitores. Es común que el padre o madre obligado sea percibido como el “villano” de la historia, mientras el otro evade sus propias responsabilidades económicas mediante el victimismo y el ataque social.
Además, algunos demandantes utilizan la pensión alimenticia como un medio de represalia emocional o económica tras una separación, desviándose completamente del propósito original de la ley. Este abuso deslegitima el sistema, sobrecarga los tribunales y desatiende los casos genuinamente urgentes.
El abuso de la pensión alimenticia tiene consecuencias graves. Por un lado, fomenta conflictos familiares, perpetuando dinámicas de rencor entre hijos y padres. Por otro, afecta directamente la calidad de vida del obligado, socavando su estabilidad económica y emocional.
En muchos casos, los conflictos familiares relacionados con la pensión alimenticia son exacerbados por abogados inmorales que, lejos de buscar soluciones justas y equitativas, se aprovechan de la vulnerabilidad emocional de las partes involucradas. Estos “profesionales”, más interesados en prolongar el litigio que en resolverlo, perpetúan el conflicto al fomentar estrategias de ataque y victimismo en lugar de propiciar acuerdos razonables. Así, convenientemente, convierten la tragedia y el dolor de las familias en su fuente de ingresos, dejando de lado el verdadero propósito de la ley: garantizar el bienestar de quienes realmente lo necesitan. Bajo su influencia, el espíritu de equidad y justicia ha quedado relegado.
Para corregir estas distorsiones, es imprescindible reformar el sistema, asegurando que ambos padres asuman sus responsabilidades equitativamente y que la pensión alimenticia se otorgue únicamente en casos de necesidad real. Promover la autosuficiencia de los beneficiarios, sancionar los intentos de abuso y fomentar acuerdos justos son pasos esenciales para devolverle a este instrumento legal su verdadero espíritu: garantizar el bienestar familiar con equidad y justicia.
Increíble, pero en pleno siglo XXI la pensión alimenticia ha pasado de ser un mecanismo de protección para personas vulnerables a una “obligación” sin contraprestación alguna para el obligado. Quizás la de no ser despellejado socialmente…y solo quizás.
Juan Carlos Eggenberger 