La pensión alimenticia es una de esas ideas que, en teoría, brillan por su justicia. En Guatemala, el Código Civil la consagra como un deber noble: garantizar una vida digna a quienes no pueden valerse por sí mismos, como hijos pequeños o cónyuges sin recursos tras la ruptura de una familia. Pero como tantas instituciones humanas, su esencia se distorsiona cuando se usa con otros fines. Lo que debería ser un salvavidas puede transformarse en una soga, y no se trata de negar su valor, sino de cuestionar su mal uso.
Imaginemos un caso que ilustra este problema. En un momento inicial de separación, un padre acuerda una pensión generosa para su exesposa: una suma que supera el 75% de sus ingresos mensuales —digamos, Q34,000 de Q45,000 mensuales—, además de cubrir casi todos los gastos de sus cuatro hijos: educación privada, salud, recreación, seguros, servicios de telefonía, transporte. En ese entonces, dos de los hijos son menores de edad, y la madre no tiene ingresos propios. El acuerdo es fuerte, pero justo, dadas las circunstancias de dependencia.
Con el tiempo, las cosas cambian. Los hijos menores alcanzan la mayoría de edad, y la madre consigue un empleo que le genera, supongamos, Q7,000 mensuales. El padre, por su parte, sigue destinando cerca del 50% de su salario —unos Q20,000— al bienestar de los hijos, incluidos los mayores de edad, pagando universidad, gasolina, seguros y salidas, no por obligación legal, sino por amor y compromiso. La ley, en su artículo 282, permite revisar una pensión si las circunstancias varían, y aquí claramente variaron: la madre tiene ingresos, los hijos son independientes de ella, y el padre los sostiene. Él propone renegociar el acuerdo, buscando un balance que refleje esta nueva realidad, pero la madre se niega rotundamente, aferrándose a un monto que ya no guarda proporción con sus necesidades ni con la capacidad del padre tras cumplir con los hijos.
La madre podría argumentar que esa suma acordada —Q34,000— es su «derecho», un reflejo del nivel de vida que compartieron, y que Q7,000 no le alcanzan para vivir dignamente tras años de sacrificio en el hogar. Según cálculos basados en la realidad económica guatemalteca, con Q7,000, ella puede cubrir su alimentación (Q1,500), sus servicios (Q800), su transporte (Q1,000) y una renta básica (Q3,000), pero para un estándar B+ —renta en zona residencial premium (Q5,000), salud privada (Q1,500), recreación (Q1,000)— necesita Q10,000-Q11,000 para ella sola. Eso deja un déficit de Q3,000-Q4,000, no Q34,000. ¿Es justo que el padre, con Q24,000 disponibles tras apoyar a los hijos, deba darle el 75% de su ingreso por un déficit tan menor? El artículo 280 habla de proporcionalidad, y esto no lo es.
Ante la negativa total de renegociar, el padre suspende los pagos —una decisión equivocada y cuestionable, nacida de la frustración tras un diálogo cerrado—. La decisión no es impulsiva ni irresponsable; es un intento de equilibrar justicia con sostenibilidad, sin dejar de cumplir con los hijos. La respuesta no tarda: demandas civiles, denuncias penales, amenazas de cárcel. Él paga una suma considerable —digamos, arriba de Q100,000— no por miedo, sino para mostrar que no evade, aunque el monto sea desproporcionado. La madre podría decir que acudió a la ley para defenderse, que el Código Penal (artículo 233) la respalda. Pero ese delito requiere un estado de necesidad, y con Q7,000, sin hijos a cargo, no está en riesgo. Esas demandas no son un escudo; son presión injusta.
Ella podría insistir que su sacrificio histórico —criar a los hijos mientras él prosperaba— merece Q34,000, y que los pagos voluntarios a los hijos no deben afectarla. El aporte pasado que ella hizo es muy valioso, pero no justifica una pensión eterna del 75% de lo que gana el padre cuando ella tiene ingresos y los hijos están cubiertos. La ley no exige mantenerla idéntica al pasado; pide garantizar su subsistencia digna hoy. Una pensión de Q3,500-Q5,000 cubriría su déficit, dándole Q10,500-Q12,000: suficiente para una vida digna en clase B+, sin asfixiar al padre.
¿Dónde queda la justicia cuando cumplir no basta? No se trata de negar las pensiones ni la firmeza contra quienes abandonan. Pero el sistema debe proteger a quienes siguen presentes, pagando más allá de lo que la ley exige. Suspender pagos sin un juez es un error; pero aferrarse a un monto desfasado y usar la vía penal contra alguien que sostiene a cuatro hijos no es justicia: es abuso con disfraz legal. Una pensión justa podría ser el 7%-10% de los ingresos del padre (Q3,000-Q4,500), complementando los de la madre sin romper el equilibrio.
El sistema no está roto, pero su mal uso puede quebrar personas. Los jueces tienen la facultad —y la responsabilidad— de ajustar lo injusto. Porque cuando la pensión alimenticia se convierte en un mecanismo de presión, no estamos ante un derecho ciego: estamos ante una balanza desequilibrada. El abuso no debería ser legalizado.
¿Ustedes qué opinan?
Juan Carlos Eggenberger 