En el marco de un Estado de Derecho, la importancia de las resoluciones en firme no puede ser subestimada. Estas resoluciones representan la culminación de un proceso administrativo que, idealmente, ha sido llevado a cabo conforme a la ley, garantizando los derechos de todas las partes involucradas. Sin embargo, cuando estas resoluciones son cuestionadas o anuladas a través de procedimientos anómalos, como la enmienda de procedimiento, se pone en entredicho no solo la integridad del sistema jurídico, sino también la certeza jurídica que es fundamental para cualquier sociedad que aspire a la estabilidad y al desarrollo.
El caso presentado por el Arquitecto Diego López en su reciente conferencia de prensa es un claro ejemplo de cómo la manipulación de los procesos administrativos puede socavar la confianza en las instituciones. López, ex Director de Gestión Ambiental y Recursos Naturales en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), denunció públicamente las irregularidades que, según él, se están cometiendo en la actual administración. Estas irregularidades incluyen la revocación de resoluciones previamente firmes, utilizando mecanismos que, en esencia, contradicen los principios básicos de legalidad y justicia.

Las resoluciones en firme, una vez emitidas, generan derechos adquiridos para los involucrados. Estos derechos no pueden ser revocados arbitrariamente sin una base legal sólida, y cualquier modificación de una resolución en firme solo puede realizarse mediante la vía legal, es decir, a través de una resolución judicial luego de un proceso o juicio. Actuar de otra manera envía un mensaje profundamente negativo a los inversionistas, tanto nacionales como internacionales. En un entorno donde las reglas del juego pueden cambiar sin previo aviso, la previsibilidad, que es un pilar esencial para la inversión, se ve seriamente comprometida. La incertidumbre jurídica resultante disuade a los inversionistas, quienes necesitan la seguridad de que sus inversiones estarán protegidas por un marco legal estable y predecible.
El caso del proyecto Minero Cerro Blanco, mencionado por López, ilustra claramente este punto. A pesar de que el expediente del proyecto había sido revisado y evaluado durante más de dos años, siguiendo todos los procedimientos administrativos establecidos, se ha intentado revocar su aprobación mediante un proceso cuestionable. Este tipo de acciones, que parecen estar motivadas más por intereses políticos o ideológicos que por una verdadera preocupación por el bienestar del país, socavan la confianza en el sistema y crean un ambiente de incertidumbre que es perjudicial para el desarrollo económico.
Además, cuando un gobierno que se autoproclama anti corrupción actúa de manera corrupta para imponer su agenda, se está enviando un mensaje contradictorio y profundamente destructivo. La corrupción no es solo el acto de aceptar sobornos o malversar fondos; también se manifiesta cuando se manipulan los procesos legales para favorecer a ciertos intereses a expensas de la justicia y la equidad. En este sentido, el actuar del actual gobierno, tal como lo describe López, es un ejemplo de cómo la corrupción puede infiltrarse en las decisiones administrativas, erosionando la confianza pública y debilitando las instituciones.
El hecho de que un gobierno intente anular o modificar resoluciones en firme, utilizando procedimientos fuera de tiempo o al margen de la ley, es un ataque directo a la seguridad jurídica. Este tipo de acciones no solo afecta a los proyectos específicos involucrados, sino que también establece un peligroso precedente que podría ser utilizado en el futuro para socavar cualquier resolución que no se ajuste a la agenda del gobierno de turno. Este riesgo es inaceptable en un Estado de Derecho, donde la ley debe ser aplicada de manera uniforme y justa para todos.
Los derechos adquiridos son una piedra angular de cualquier sistema jurídico que aspire a la estabilidad y la justicia. Cuando estos derechos son ignorados o revocados arbitrariamente, se destruye la confianza en el sistema y se abre la puerta a la arbitrariedad y al abuso de poder. En el caso del proyecto Minero Cerro Blanco, la posibilidad de que una resolución en firme sea anulada mediante un procedimiento ilegal pone en duda la validez de todas las resoluciones emitidas por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (DIGARN) desde su creación. Esto no solo afecta a los proponentes de este proyecto en particular, sino que también crea un clima de incertidumbre para todos aquellos que han confiado en el sistema para la aprobación de sus propios proyectos.
Finalmente, es importante destacar que, aunque López ha sido objeto de ataques y amenazas por su papel en la aprobación del instrumento ambiental del Proyecto Minero Cerro Blanco, su decisión de denunciar públicamente las irregularidades es un acto de valentía que merece ser reconocido. Enfrentarse a un gobierno que utiliza su poder para manipular los procesos legales no es tarea fácil, pero es fundamental para la defensa del Estado de Derecho y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. La denuncia de López pone de manifiesto la necesidad de una administración pública que actúe de acuerdo con la ley y no con base en intereses particulares o ideologías políticas.

En conclusión, la seguridad jurídica es esencial para el desarrollo económico y la estabilidad social. Las resoluciones en firme deben ser respetadas, y cualquier intento de anularlas o modificarlas mediante procedimientos ilegales debe ser resistido. Los derechos adquiridos no son negociables, y un gobierno verdaderamente comprometido con la justicia y la equidad debe actuar de manera transparente y conforme a la ley en todo momento.








