La Mascarada de la Bondad: Cómo el Abuso de la Pensión Alimenticia Asfixia a Padres y Familias

La pensión alimenticia debería ser un faro de justicia, un mecanismo para proteger a los más vulnerables tras la ruptura de una familia. En Guatemala, el Código Civil la consagra como un deber noble, pero su mal uso la transforma en un arma que hiere más que protege. Recordemos el caso hipotético que compartí hace unas semanas y que despertó tanto interés y debate: un padre que en un momento se comprometió a pagar Q34,000 mensuales a su exesposa —el 75% de sus ingresos de Q45,000—, sostiene a sus hijos mayores con más de Q20,000 y enfrenta demandas por intentar ajustar un acuerdo desfasado. Hoy, la historia da un giro más oscuro: él ofrece Q15,000, respaldados por un pagaré, pero ella los rechaza, exige una garantía hipotecaria, y lo mantiene embargado y arraigado mientras viaja, socializa y litiga. ¿Es esto justicia o una mascarada de bondad que asfixia a padres y familias?

Imaginemos la escena. La madre, con Q7,000 de ingresos propios, se presenta como víctima eterna, “buena y abnegada”, alegando que Q34,000 son su derecho por criar hijos mientras él prosperaba y ella compartía esa prosperidad. Pero los números no mienten: sin hijos a cargo, necesita Q10,000-Q11,000 para un estándar B+ —renta en zona residencial (Q5,000-Q7,000), salud privada (Q1,500), recreación (Q1,000)—. Con Q7,000, su déficit es de Q3,000-Q4,000. En una muestra de coherencia, el padre ofrece Q15,000, que sumados a su ingreso la llevan a Q22,000, más del doble de su necesidad, y un pagaré ejecutable como garantía. ¿Su respuesta? No, y una exigencia de hipoteca que inmoviliza propiedades. Mientras ella viaja, socializa y disfruta de los hijos, manteniendo demandas civiles y penales, él vive con cuentas congeladas, restricciones de movimiento y la amenaza constante de la cárcel. ¿Quién protege a quién aquí?

El sistema, lamentablemente, es cómplice. El artículo 282 del Código Civil permite ajustar pensiones por cambios de circunstancias —hijos mayores, ingresos propios de la madre—, pero la lentitud judicial deja al padre atrapado. Las demandas penales, reguladas por el artículo 233, requieren un “estado de necesidad” que no existe con Q7,000 y sin dependientes, pero se presentan sin freno, convirtiendo la pensión en un arma de control. Él ofrece soluciones razonables, incluso tras intentos de mediación que ella rechazó, pero el sistema no actúa con la urgencia que el caso merece. Cada día de demora es otro día de embargos, arraigos y humillación para un padre que nunca ha abandonado a su familia.

Y luego están los hijos, mayores de edad, disfrutando de lo que el padre destina a su educación, alimentación, seguros, gasolina y salidas, por amor y compromiso, no por obligación. Ellos, en silencio, no median ni cuestionan la postura de la madre, que litiga mientras su padre intenta resolver. Al contrario, ¿es lealtad ciega, comodidad o indiferencia lo que los lleva a callar? Como adultos, deberían abogar por la equidad, no avalar demandas que asfixian al hombre que los sostiene. Si alguno vive con ella, el padre ya cubre sus gastos; la pensión no debería inflarse por eso. Su silencio, intencional o no, perpetúa un conflicto que los daña a todos.

La pensión alimenticia debe ser un escudo, no una espada. Cuando una madre rechaza Q15,000, exige hipotecas y litiga mientras el padre está embargado, respaldada por el silencio de los hijos y un sistema permisivo, no hay bondad: hay abuso disfrazado de virtud. Los jueces tienen el poder de ajustar lo injusto (art. 282); los hijos, la responsabilidad de mediar; la sociedad, el deber de cuestionar a la “víctima” que destruye.

¿Cuántos padres más deben caer antes de que la balanza se equilibre? El abuso no debería disfrazarse de bondad. ¿Ustedes qué opinan?

«De mi padre al tuyo: un reconocimiento al amor paterno»

Hoy amanecí pensando en mi papá. Últimamente, he estado reflexionando mucho sobre la masculinidad, el rol de los padres y mi propia experiencia como padre. En ese proceso, me he dado cuenta de que, durante años, fui injusto con él. Siempre lo vi como un hombre frío —un hombre bueno, trabajador, de valores firmes, pero distante. Soy una persona emotiva, de esas que expresan lo que sienten sin reparos, y por eso siempre sentí que mi papá estaba a la sombra del amor inmenso, la fuerza y la presencia de mi mamá. Pero hoy, desde una perspectiva más madura, entiendo que, en su aparente lejanía, mi padre siempre estuvo allí. Está en mí: en lo que soy, en lo que hago, en lo que digo. En mi esencia.

Su amor fue silencioso, casi nunca reconocido, pero sus esfuerzos me dieron todo lo que he tenido. Junto a mi mamá, me dio un hogar seguro, comida en la mesa, educación, momentos de recreación y, en muchos casos, oportunidades y lujos que no todos tienen. Pero, más allá de lo material, me dio algo invaluable: un padre. Durante mi paso por Teletón, he sido testigo del amor inmenso de las madres, un amor que todos celebran. También he visto el vacío que deja la ausencia de un padre en la vida de muchos niños. Porque un papá no es solo quien engendra; es quien está presente, con sus virtudes y sus defectos, pero presente.

Mi papá y yo somos distintos en muchas cosas. Él, un intelectual; yo, más inclinado al deporte. Él, de una religión; yo, de otra. Él, con una visión del mundo y de la política que a veces choca con la mía. Hemos discutido, nos hemos enfrentado, pero también hemos compartido momentos de apoyo mutuo. A pesar de nuestras diferencias, hoy puedo decir con gratitud que mi papá siempre ha estado. Tener la oportunidad de conocerlo de cerca, de analizar su vida, de pelear con él y de estar ahí cuando me ha necesitado es un regalo que llevaré conmigo siempre.

Hoy, a mis 52 años, veo en él cualidades que admiro profundamente y que me gustaría emular: su capacidad para controlar sus emociones, el amor y la paciencia que ha mostrado hacia tantas personas, su habilidad para reflexionar antes de actuar y, sobre todo, su inquebrantable altura moral. Hay un recuerdo de mi infancia que nunca olvidaré. Íbamos en el carro, toda la familia, por la Calzada Roosevelt, una vía principal siempre concurrida. De repente, un «bolito» bajó corriendo de una camioneta y, sin dudarlo, se cruzó la carretera. En un instante, impactó su cabeza contra el parabrisas del carro de mi papá. Todo fue caos y tensión al principio. Quienes conocen esa vía saben que detenerse de inmediato es casi imposible, y mi papá no lo hizo. Pero, tras avanzar un par de kilómetros, notamos que se desviaba del camino. En silencio, todos nos preguntábamos: ¿a dónde va? Resulta que mi papá, desafiando esa mentalidad tan arraigada en algunos de “salirse con la suya”, condujo voluntariamente hasta una estación de policía. Informó lo sucedido con total transparencia y se puso a disposición de las autoridades. En Guatemala, sin importar las circunstancias —y en este caso, el hombre estaba claramente alcoholizado y fue imprudente al cruzar—, el conductor suele llevar la culpa. Sin embargo, mi papá enfrentó la situación con valentía y valores inquebrantables. No solo eso: también pagó el tratamiento médico del hombre, quien, recuerdo, salió ileso, tal vez ayudado por la “flexibilidad” de los tragos. Ese día, nos dio una lección imborrable: en los momentos difíciles se ve de qué están hechas las personas. Años después, cuando me ha tocado enfrentar situaciones complicadas, he intentado seguir su ejemplo, buscando siempre actuar con integridad y dejar una enseñanza para mis propios hijos, esperando que algún día la reconozcan.

Sin embargo, me preocupa profundamente cómo se desdibuja el rol del hombre y del padre en nuestra sociedad. La familia, ese núcleo que sostiene cualquier comunidad sana, parece perder el valor de la figura paterna. Hoy, a veces se espera que el hombre sea una especie de “mujer masculina”, sensible al extremo, como si la fortaleza, la disciplina o la contención fueran defectos. No me malinterpreten: la sensibilidad es valiosa, pero reducir la masculinidad a una imitación de lo femenino ignora la riqueza de lo que significa ser hombre. Veo con tristeza cómo se cuestiona la autoridad paterna: corregir a los hijos, algo esencial para su formación, se tacha de “abuso” o “toxicidad”. Se habla de “derechos” sin reconocer que la disciplina, ya sea firme o suave, es una expresión de amor y responsabilidad. También me inquieta cómo se mide el valor de un padre por su capacidad de proveer materialmente, como si fuera un “cajero automático”, mientras se subestima su rol como guía, protector y modelo. Esta desnaturalización de la masculinidad no solo afecta a los padres, sino a los hijos que crecen sin referencias claras de lo que significa ser hombre. En un mundo que celebra la fluidez y la igualdad, corremos el riesgo de olvidar que las diferencias entre hombres y mujeres no son un problema, sino una fortaleza que enriquece a la familia y a la sociedad. La masculinidad, en su esencia, no es tóxica ni obsoleta; es un pilar que, bien entendido, aporta equilibrio, seguridad y propósito. Cuando desvalorizamos ese rol, dejamos a las nuevas generaciones sin un ancla fundamental.

A mis 52 años, miro atrás y veo que el éxito de mi papá no se mide por lo que nos dio materialmente, sino por su presencia. Callado, a veces emocionalmente distante —quizás porque no tuvo un modelo que le enseñara otra forma—, pero siempre ahí, para mis hermanas y para mí. Ahora, con más de 80 años, sé que el final del camino, ese al que todos llegaremos sin importar creencias o riquezas, está más cerca. Por eso, hoy quiero agradecerle. Le agradezco muchas cosas, pero, sobre todo, le agradezco ser mi padre. No todos tienen esa bendición, y a veces, los que la tenemos nos perdemos en nuestras propias luchas sin valorar el regalo de la paternidad.

Hay muchos días para celebrar a las mujeres y a las madres, pero pocos para los hombres y los padres. Hoy, sin un motivo especial, quiero rendir homenaje al mío y a los miles de padres que luchan cada día por sus hijos. Su rol es valioso, es esencial. Gracias, papá, por estar.

«Niñas con pañales y un país que prefiere memes: ¿hasta cuándo?

Cuando mi hija menor llegó a los 19 en octubre pasado, tiré definitivamente los pañales al carajo y brindé con un café negro por sobrevivir la etapa de los berrinches. Pero mientras yo celebraba, me cayó como balde de agua fría que en 2024 hubo 1,298 niñas de 14 o menos en Guatemala que se convirtieron en mamás, no porque se les antojó, sino porque algún miserable les robó la infancia a punta de violencia. Más de 37,000 embarazos adolescentes en un año, y nosotros aquí, haciendo memes del Congreso o peleando por el precio del güisquil. Esto no es un ‘pues ni modo’, es un desastre que empieza en casa y nos está explotando en la cara como piñata mal amarrada.

El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva dice que nueve de cada diez de estas niñas menores de 14 ya no vuelven a pisar un aula. O sea, adiós sueños, hola pañalera. Pasa más en Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, donde la pobreza extrema y el machismo mal digerido son una dupla infernal. En mis días de candidato, vi pueblos donde la justicia es como el Wi-Fi: todos juran que existe, pero intentas conectarte y te quedas viendo la pared. Esto no es solo números, es una cachetada a lo que decimos defender como país.

El 90% de los agresores son de la casa o la esquina: papá, tío, el vecino que te presta sal y de paso te arruina la vida. ¿Y nosotros qué hacemos? Nada, porque solo el 3% de las denuncias llega a sentencia. En algunos lados todavía «arreglan» el asunto casando a la niña con el abusador. Qué romántico, ¿no? Una telenovela barata, pero sin aplausos al final. Si los padres no enseñamos desde chiquitos qué es el respeto, el valor del cuerpo y el precio de cruzar la línea, estamos criando al próximo monstruo de la colonia, y después no nos quejemos.

Soy papá antes que cualquier otra cosa. Mis hijos ya son grandes, pero imaginar a una de estas niñas como si fuera mía me hace apretar los dientes de pura rabia. Llevo años con Teletón viendo cómo los más vulnerables —sobre todo los niños con discapacidad— son los que más sufren estos horrores. Sí, aunque no lo crean, muchos son abusados por los que deberían cuidarlos, amarlos, protegerlos. Y no es solo eso: la trata de personas está creciendo como hongo en pared húmeda, y muchas de estas niñas, especialmente las más frágiles, terminan en esas redes del infierno. En México y en otros países de Latinoamérica ya hay iniciativas ciudadanas que le entran duro a prevenir la trata, y yo me pregunto: ¿Y nosotros qué? ¿Seguimos viendo Netflix mientras el mundo se lleva a nuestras niñas y niños? Nos llenamos la boca hablando de valores, pero a la hora de actuar, el silencio pesa más que la indignación.

Guatemala no va a cambiar porque el Congreso descubra la vergüenza o porque alguien tuitee algo bonito desde un iPhone último modelo. Va a cambiar si nosotros —sí, vos, yo, el vecino que no es un indiferente— dejamos de ser espectadores de lujo. Por eso quiero tirar una idea al ring: una organización, digamos Raíces Fuertes, que saque a estas niñas del hoyo, les dé un futuro y eduque sobre la trata de personas para que dejemos de criar víctimas. Imaginate: un lugar donde las niñas y niños más vulnerables —muchos con discapacidad— encuentren refugio, y las familias aprendan a blindarse contra lo peor de la humanidad. Una casa, una red, una escuela para sanar heridas invisibles y romper cadenas de abuso. Yo pongo la idea, vos ponés las ganas, y entre todos dejamos de contar tragedias para empezar a contar victorias. ¿Te apuntás o seguís en la banca haciendo memes del precio del tomate?» Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo?

Cuando la Pensión Alimenticia Se Convierte en un Arma: Justicia, No un Cheque en Blanco

La pensión alimenticia es una de esas ideas que, en teoría, brillan por su justicia. En Guatemala, el Código Civil la consagra como un deber noble: garantizar una vida digna a quienes no pueden valerse por sí mismos, como hijos pequeños o cónyuges sin recursos tras la ruptura de una familia. Pero como tantas instituciones humanas, su esencia se distorsiona cuando se usa con otros fines. Lo que debería ser un salvavidas puede transformarse en una soga, y no se trata de negar su valor, sino de cuestionar su mal uso.

Imaginemos un caso que ilustra este problema. En un momento inicial de separación, un padre acuerda una pensión generosa para su exesposa: una suma que supera el 75% de sus ingresos mensuales —digamos, Q34,000 de Q45,000 mensuales—, además de cubrir casi todos los gastos de sus cuatro hijos: educación privada, salud, recreación, seguros, servicios de telefonía, transporte. En ese entonces, dos de los hijos son menores de edad, y la madre no tiene ingresos propios. El acuerdo es fuerte, pero justo, dadas las circunstancias de dependencia.

Con el tiempo, las cosas cambian. Los hijos menores alcanzan la mayoría de edad, y la madre consigue un empleo que le genera, supongamos, Q7,000 mensuales. El padre, por su parte, sigue destinando cerca del 50% de su salario —unos Q20,000— al bienestar de los hijos, incluidos los mayores de edad, pagando universidad, gasolina, seguros y salidas, no por obligación legal, sino por amor y compromiso. La ley, en su artículo 282, permite revisar una pensión si las circunstancias varían, y aquí claramente variaron: la madre tiene ingresos, los hijos son independientes de ella, y el padre los sostiene. Él propone renegociar el acuerdo, buscando un balance que refleje esta nueva realidad, pero la madre se niega rotundamente, aferrándose a un monto que ya no guarda proporción con sus necesidades ni con la capacidad del padre tras cumplir con los hijos.

La madre podría argumentar que esa suma acordada —Q34,000— es su «derecho», un reflejo del nivel de vida que compartieron, y que Q7,000 no le alcanzan para vivir dignamente tras años de sacrificio en el hogar. Según cálculos basados en la realidad económica guatemalteca, con Q7,000, ella puede cubrir su alimentación (Q1,500), sus servicios (Q800), su transporte (Q1,000) y una renta básica (Q3,000), pero para un estándar B+ —renta en zona residencial premium (Q5,000), salud privada (Q1,500), recreación (Q1,000)— necesita Q10,000-Q11,000 para ella sola. Eso deja un déficit de Q3,000-Q4,000, no Q34,000. ¿Es justo que el padre, con Q24,000 disponibles tras apoyar a los hijos, deba darle el 75% de su ingreso por un déficit tan menor? El artículo 280 habla de proporcionalidad, y esto no lo es.

Ante la negativa total de renegociar, el padre suspende los pagos —una decisión equivocada y cuestionable, nacida de la frustración tras un diálogo cerrado—. La decisión no es impulsiva ni irresponsable; es un intento de equilibrar justicia con sostenibilidad, sin dejar de cumplir con los hijos. La respuesta no tarda: demandas civiles, denuncias penales, amenazas de cárcel. Él paga una suma considerable —digamos, arriba de Q100,000— no por miedo, sino para mostrar que no evade, aunque el monto sea desproporcionado. La madre podría decir que acudió a la ley para defenderse, que el Código Penal (artículo 233) la respalda. Pero ese delito requiere un estado de necesidad, y con Q7,000, sin hijos a cargo, no está en riesgo. Esas demandas no son un escudo; son presión injusta.

Ella podría insistir que su sacrificio histórico —criar a los hijos mientras él prosperaba— merece Q34,000, y que los pagos voluntarios a los hijos no deben afectarla. El aporte pasado que ella hizo es muy valioso, pero no justifica una pensión eterna del 75% de lo que gana el padre cuando ella tiene ingresos y los hijos están cubiertos. La ley no exige mantenerla idéntica al pasado; pide garantizar su subsistencia digna hoy. Una pensión de Q3,500-Q5,000 cubriría su déficit, dándole Q10,500-Q12,000: suficiente para una vida digna en clase B+, sin asfixiar al padre.

¿Dónde queda la justicia cuando cumplir no basta? No se trata de negar las pensiones ni la firmeza contra quienes abandonan. Pero el sistema debe proteger a quienes siguen presentes, pagando más allá de lo que la ley exige. Suspender pagos sin un juez es un error; pero aferrarse a un monto desfasado y usar la vía penal contra alguien que sostiene a cuatro hijos no es justicia: es abuso con disfraz legal. Una pensión justa podría ser el 7%-10% de los ingresos del padre (Q3,000-Q4,500), complementando los de la madre sin romper el equilibrio.

El sistema no está roto, pero su mal uso puede quebrar personas. Los jueces tienen la facultad —y la responsabilidad— de ajustar lo injusto. Porque cuando la pensión alimenticia se convierte en un mecanismo de presión, no estamos ante un derecho ciego: estamos ante una balanza desequilibrada. El abuso no debería ser legalizado.

¿Ustedes qué opinan?

La Desnaturalización de la Pensión Alimenticia en Guatemala

La pensión alimenticia, un instrumento legal diseñado para garantizar el bienestar y desarrollo de los dependientes en situaciones de vulnerabilidad, ha visto cómo su espíritu original se ha desvirtuado en Guatemala. Aunque su naturaleza busca proteger a los hijos menores de edad o a cónyuges que no pueden autosostenerse por causa de enfermedad o discapacidad, este mecanismo se ha utilizado en ocasiones de manera abusiva, transformándose en una herramienta de presión económica y, a menudo, en un medio de perpetuar dependencias innecesarias.

La legislación guatemalteca establece que la pensión alimenticia es un derecho irrenunciable, proporcional y basado en las necesidades del beneficiario y la capacidad económica del obligado. En el caso de los hijos menores de edad, el Código Civil (artículo 252) establece que ambos padres tienen la obligación de contribuir al sustento de sus hijos, de acuerdo con sus posibilidades económicas. Este principio fundamental garantiza que la carga no recaiga exclusivamente en una de las partes. Sin embargo, en la práctica, el sistema judicial a menudo tiende a cargar de manera desproporcionada esta responsabilidad en uno de los progenitores, generalmente el padre, mientras que el otro evade su obligación o minimiza su contribución. Esto no solo genera desigualdades, sino que también fomenta un sentimiento de injusticia y resentimiento en el progenitor obligado.

En el caso de los hijos mayores de edad, la pensión alimenticia se puede mantener mientras estudien o si tienen una incapacidad que les impida trabajar. No obstante, este principio es frecuentemente manipulado. Existen casos en los que hijos adultos prolongan deliberadamente su dependencia económica, sin un compromiso real con sus estudios ni con su independencia financiera. Esto genera una carga económica innecesaria para el obligado y contradice el espíritu original de la pensión, que busca proteger en situaciones genuinas de necesidad, no sostener a personas capaces de valerse por sí mismas y que por distintas razones, ven derechos en donde solamente hay privilegios.

La situación es aún más problemática cuando ex cónyuges utilizan la pensión alimenticia para mantener un nivel de vida que no pueden sostener por sí mismos. En lugar de promover la autosuficiencia, algunos ex cónyuges demandan pensiones desproporcionadas que afectan la estabilidad emocional, financiera y familiar del “obligado”. En lugar de ajustar su realidad a sus posibilidades, pretenden, a través de la ley, obligar al otro a sostenerlas, bajo amenaza de ser desprestigiado públicamente por no hacerlo. Este abuso no solo pone en riesgo el sustento del núcleo familiar, sino que también genera tensiones y resentimientos entre padres e hijos, al distorsionar la percepción del esfuerzo y compromiso de uno de los progenitores. Es común que el padre o madre obligado sea percibido como el “villano” de la historia, mientras el otro evade sus propias responsabilidades económicas mediante el victimismo y el ataque social.

Además, algunos demandantes utilizan la pensión alimenticia como un medio de represalia emocional o económica tras una separación, desviándose completamente del propósito original de la ley. Este abuso deslegitima el sistema, sobrecarga los tribunales y desatiende los casos genuinamente urgentes.

El abuso de la pensión alimenticia tiene consecuencias graves. Por un lado, fomenta conflictos familiares, perpetuando dinámicas de rencor entre hijos y padres. Por otro, afecta directamente la calidad de vida del obligado, socavando su estabilidad económica y emocional.

En muchos casos, los conflictos familiares relacionados con la pensión alimenticia son exacerbados por abogados inmorales que, lejos de buscar soluciones justas y equitativas, se aprovechan de la vulnerabilidad emocional de las partes involucradas. Estos “profesionales”, más interesados en prolongar el litigio que en resolverlo, perpetúan el conflicto al fomentar estrategias de ataque y victimismo en lugar de propiciar acuerdos razonables. Así, convenientemente, convierten la tragedia y el dolor de las familias en su fuente de ingresos, dejando de lado el verdadero propósito de la ley: garantizar el bienestar de quienes realmente lo necesitan. Bajo su influencia, el espíritu de equidad y justicia ha quedado relegado.

Para corregir estas distorsiones, es imprescindible reformar el sistema, asegurando que ambos padres asuman sus responsabilidades equitativamente y que la pensión alimenticia se otorgue únicamente en casos de necesidad real. Promover la autosuficiencia de los beneficiarios, sancionar los intentos de abuso y fomentar acuerdos justos son pasos esenciales para devolverle a este instrumento legal su verdadero espíritu: garantizar el bienestar familiar con equidad y justicia.

Increíble, pero en pleno siglo XXI la pensión alimenticia ha pasado de ser un mecanismo de protección para personas vulnerables a una “obligación” sin contraprestación alguna para el obligado. Quizás la de no ser despellejado socialmente…y solo quizás.