«Niñas con pañales y un país que prefiere memes: ¿hasta cuándo?

Cuando mi hija menor llegó a los 19 en octubre pasado, tiré definitivamente los pañales al carajo y brindé con un café negro por sobrevivir la etapa de los berrinches. Pero mientras yo celebraba, me cayó como balde de agua fría que en 2024 hubo 1,298 niñas de 14 o menos en Guatemala que se convirtieron en mamás, no porque se les antojó, sino porque algún miserable les robó la infancia a punta de violencia. Más de 37,000 embarazos adolescentes en un año, y nosotros aquí, haciendo memes del Congreso o peleando por el precio del güisquil. Esto no es un ‘pues ni modo’, es un desastre que empieza en casa y nos está explotando en la cara como piñata mal amarrada.

El Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva dice que nueve de cada diez de estas niñas menores de 14 ya no vuelven a pisar un aula. O sea, adiós sueños, hola pañalera. Pasa más en Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, donde la pobreza extrema y el machismo mal digerido son una dupla infernal. En mis días de candidato, vi pueblos donde la justicia es como el Wi-Fi: todos juran que existe, pero intentas conectarte y te quedas viendo la pared. Esto no es solo números, es una cachetada a lo que decimos defender como país.

El 90% de los agresores son de la casa o la esquina: papá, tío, el vecino que te presta sal y de paso te arruina la vida. ¿Y nosotros qué hacemos? Nada, porque solo el 3% de las denuncias llega a sentencia. En algunos lados todavía «arreglan» el asunto casando a la niña con el abusador. Qué romántico, ¿no? Una telenovela barata, pero sin aplausos al final. Si los padres no enseñamos desde chiquitos qué es el respeto, el valor del cuerpo y el precio de cruzar la línea, estamos criando al próximo monstruo de la colonia, y después no nos quejemos.

Soy papá antes que cualquier otra cosa. Mis hijos ya son grandes, pero imaginar a una de estas niñas como si fuera mía me hace apretar los dientes de pura rabia. Llevo años con Teletón viendo cómo los más vulnerables —sobre todo los niños con discapacidad— son los que más sufren estos horrores. Sí, aunque no lo crean, muchos son abusados por los que deberían cuidarlos, amarlos, protegerlos. Y no es solo eso: la trata de personas está creciendo como hongo en pared húmeda, y muchas de estas niñas, especialmente las más frágiles, terminan en esas redes del infierno. En México y en otros países de Latinoamérica ya hay iniciativas ciudadanas que le entran duro a prevenir la trata, y yo me pregunto: ¿Y nosotros qué? ¿Seguimos viendo Netflix mientras el mundo se lleva a nuestras niñas y niños? Nos llenamos la boca hablando de valores, pero a la hora de actuar, el silencio pesa más que la indignación.

Guatemala no va a cambiar porque el Congreso descubra la vergüenza o porque alguien tuitee algo bonito desde un iPhone último modelo. Va a cambiar si nosotros —sí, vos, yo, el vecino que no es un indiferente— dejamos de ser espectadores de lujo. Por eso quiero tirar una idea al ring: una organización, digamos Raíces Fuertes, que saque a estas niñas del hoyo, les dé un futuro y eduque sobre la trata de personas para que dejemos de criar víctimas. Imaginate: un lugar donde las niñas y niños más vulnerables —muchos con discapacidad— encuentren refugio, y las familias aprendan a blindarse contra lo peor de la humanidad. Una casa, una red, una escuela para sanar heridas invisibles y romper cadenas de abuso. Yo pongo la idea, vos ponés las ganas, y entre todos dejamos de contar tragedias para empezar a contar victorias. ¿Te apuntás o seguís en la banca haciendo memes del precio del tomate?» Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo?

El Aumento al Presupuesto: Un Retroceso para los Guatemaltecos Bajo el Disfraz de un Reajuste

Esta semana, el Congreso de la República aprobó una ampliación presupuestaria de 16 mil millones de quetzales, una decisión que ha generado asombro y tristeza en muchos guatemaltecos. Durante la sesión, fuimos testigos de prácticas que, lamentablemente, hemos visto repetirse a lo largo de los años. Como si esto no fuera suficiente, el martes la SAT reveló la existencia de más de 400 empresas fantasma que facturaron más de 6,000 millones de quetzales al Estado de forma, como mínimo, opaca. Este descubrimiento deja en evidencia que las fugas de dinero, las sobrevaloraciones y el corporativismo político están profundamente enraizados en el funcionamiento diario del gobierno.

El gobierno actual asumió el poder con un mandato claro: luchar contra la corrupción. La campaña que lo llevó al poder se centró en la promesa de acabar con un mal que, según ellos, cuesta al país entre el 30% y el 40% de sus recursos. Si partimos de esa hipótesis, la lucha contra la corrupción no es solo una opción; es el camino necesario para construir un gobierno más eficiente, un presupuesto más ajustado y enfocado, y, sobre todo, el camino para brindar tranquilidad a las próximas generaciones.

Corrupción: Más Allá del Robo Directo

Cuando hablamos de corrupción, la mayoría de las personas piensa en robos, sobrevaloraciones de productos y servicios, y otros actos delictivos que desvían recursos del Estado hacia manos privadas. Sin embargo, la corrupción va más allá de estos actos obvios. En mi opinión, también incluye el gasto ineficiente que se da en programas, oficinas, estructuras y burocracia que no sirven para nada más que elevar el presupuesto de gasto de un gobierno. Este tipo de corrupción, aunque menos visible, es igualmente dañina para el país.

Por ejemplo, mantener oficinas que no cumplen una función clara, financiar programas que no tienen un impacto real en la población, o sostener una estructura burocrática inflada que solo sirve para justificar mayores presupuestos, son formas de corrupción. No se trata solo de cuánto dinero se desvía, sino de cómo se gasta el presupuesto disponible. Cada quetzal que se malgasta en estas prácticas es un quetzal que podría haberse utilizado para mejorar la educación, la salud, la infraestructura o cualquier otra área vital para el desarrollo del país.

El reciente caso presentado por SAT muestra que la corrupción sigue siendo un problema sistémico en Guatemala. Pero también abre la puerta a la posibilidad de que la hipótesis del partido de gobierno sea correcta: si realmente se centra en combatir la corrupción, podríamos tener un gobierno más eficiente y un presupuesto más ajustado y enfocado en las verdaderas necesidades del país.

Imaginemos que una familia descubre que su dinero se está escapando a través de pequeños agujeros en su presupuesto, ya sea por gastos innecesarios o por robos internos. La primera acción lógica sería cerrar esos agujeros para evitar más pérdidas, antes de buscar ingresos adicionales. Esto es exactamente lo que el gobierno debería hacer. Antes de pedir un aumento de presupuesto, debería enfocarse en identificar y cerrar las fugas de corrupción, eliminando el gasto ineficiente y garantizando que cada quetzal se utilice de manera responsable.

En lugar de seguir este camino lógico, el gobierno ha optado por la salida fácil: pedir más dinero. Este aumento presupuestario no se sostiene, especialmente considerando que el gobierno ya cuenta con el presupuesto más grande en la historia del país. En lugar de buscar más recursos, debería enfocarse en hacer más con lo que ya tiene, eliminando la corrupción en todas sus formas.

Es importante recordar que el gobierno no genera recursos por sí mismo; utiliza los impuestos que paga la gente, los ciudadanos. Esto significa que serán entonces los ciudadanos, quienes terminarán pagando por esta ampliación presupuestaria. Este tipo de decisiones no son solo un tema de ideologías políticas, sino de sentido común. El gobierno debería esforzarse por maximizar la eficiencia de cada quetzal antes de pedir más.

La reciente aprobación del aumento presupuestario es un retroceso que debemos lamentar, pero también es una llamada de atención. Como ciudadanos, es nuestro deber exigir que el gobierno cumpla con su promesa de luchar contra la corrupción, no solo en sus formas más evidentes, sino también en la manera en que administra los recursos públicos. Sindicatos politizados, oficinas y programas inexistentes o sin impacto real, ministerios que no funcionan, y todo gasto prescindible debe ser eliminado.

No podemos permitir que el gasto ineficiente y la corrupción continúen drenando los recursos del país. Es hora de que el gobierno asuma la responsabilidad de hacer más con menos, garantizando que cada quetzal se utilice de manera eficiente y en beneficio de todos los guatemaltecos. Solo así podremos asegurar un futuro más próspero y justo para las próximas generaciones.

“Manipulación de resoluciones: Una Amenaza Directa a la Seguridad Jurídica y a la Inversión en Guatemala”

En el marco de un Estado de Derecho, la importancia de las resoluciones en firme no puede ser subestimada. Estas resoluciones representan la culminación de un proceso administrativo que, idealmente, ha sido llevado a cabo conforme a la ley, garantizando los derechos de todas las partes involucradas. Sin embargo, cuando estas resoluciones son cuestionadas o anuladas a través de procedimientos anómalos, como la enmienda de procedimiento, se pone en entredicho no solo la integridad del sistema jurídico, sino también la certeza jurídica que es fundamental para cualquier sociedad que aspire a la estabilidad y al desarrollo.

El caso presentado por el Arquitecto Diego López en su reciente conferencia de prensa es un claro ejemplo de cómo la manipulación de los procesos administrativos puede socavar la confianza en las instituciones. López, ex Director de Gestión Ambiental y Recursos Naturales en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), denunció públicamente las irregularidades que, según él, se están cometiendo en la actual administración. Estas irregularidades incluyen la revocación de resoluciones previamente firmes, utilizando mecanismos que, en esencia, contradicen los principios básicos de legalidad y justicia.

Las resoluciones en firme, una vez emitidas, generan derechos adquiridos para los involucrados. Estos derechos no pueden ser revocados arbitrariamente sin una base legal sólida, y cualquier modificación de una resolución en firme solo puede realizarse mediante la vía legal, es decir, a través de una resolución judicial luego de un proceso o juicio. Actuar de otra manera envía un mensaje profundamente negativo a los inversionistas, tanto nacionales como internacionales. En un entorno donde las reglas del juego pueden cambiar sin previo aviso, la previsibilidad, que es un pilar esencial para la inversión, se ve seriamente comprometida. La incertidumbre jurídica resultante disuade a los inversionistas, quienes necesitan la seguridad de que sus inversiones estarán protegidas por un marco legal estable y predecible.

El caso del proyecto Minero Cerro Blanco, mencionado por López, ilustra claramente este punto. A pesar de que el expediente del proyecto había sido revisado y evaluado durante más de dos años, siguiendo todos los procedimientos administrativos establecidos, se ha intentado revocar su aprobación mediante un proceso cuestionable. Este tipo de acciones, que parecen estar motivadas más por intereses políticos o ideológicos que por una verdadera preocupación por el bienestar del país, socavan la confianza en el sistema y crean un ambiente de incertidumbre que es perjudicial para el desarrollo económico.

Además, cuando un gobierno que se autoproclama anti corrupción actúa de manera corrupta para imponer su agenda, se está enviando un mensaje contradictorio y profundamente destructivo. La corrupción no es solo el acto de aceptar sobornos o malversar fondos; también se manifiesta cuando se manipulan los procesos legales para favorecer a ciertos intereses a expensas de la justicia y la equidad. En este sentido, el actuar del actual gobierno, tal como lo describe López, es un ejemplo de cómo la corrupción puede infiltrarse en las decisiones administrativas, erosionando la confianza pública y debilitando las instituciones.

El hecho de que un gobierno intente anular o modificar resoluciones en firme, utilizando procedimientos fuera de tiempo o al margen de la ley, es un ataque directo a la seguridad jurídica. Este tipo de acciones no solo afecta a los proyectos específicos involucrados, sino que también establece un peligroso precedente que podría ser utilizado en el futuro para socavar cualquier resolución que no se ajuste a la agenda del gobierno de turno. Este riesgo es inaceptable en un Estado de Derecho, donde la ley debe ser aplicada de manera uniforme y justa para todos.

Los derechos adquiridos son una piedra angular de cualquier sistema jurídico que aspire a la estabilidad y la justicia. Cuando estos derechos son ignorados o revocados arbitrariamente, se destruye la confianza en el sistema y se abre la puerta a la arbitrariedad y al abuso de poder. En el caso del proyecto Minero Cerro Blanco, la posibilidad de que una resolución en firme sea anulada mediante un procedimiento ilegal pone en duda la validez de todas las resoluciones emitidas por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales (DIGARN) desde su creación. Esto no solo afecta a los proponentes de este proyecto en particular, sino que también crea un clima de incertidumbre para todos aquellos que han confiado en el sistema para la aprobación de sus propios proyectos.

Finalmente, es importante destacar que, aunque López ha sido objeto de ataques y amenazas por su papel en la aprobación del instrumento ambiental del Proyecto Minero Cerro Blanco, su decisión de denunciar públicamente las irregularidades es un acto de valentía que merece ser reconocido. Enfrentarse a un gobierno que utiliza su poder para manipular los procesos legales no es tarea fácil, pero es fundamental para la defensa del Estado de Derecho y la protección de los derechos de todos los ciudadanos. La denuncia de López pone de manifiesto la necesidad de una administración pública que actúe de acuerdo con la ley y no con base en intereses particulares o ideologías políticas.

En conclusión, la seguridad jurídica es esencial para el desarrollo económico y la estabilidad social. Las resoluciones en firme deben ser respetadas, y cualquier intento de anularlas o modificarlas mediante procedimientos ilegales debe ser resistido. Los derechos adquiridos no son negociables, y un gobierno verdaderamente comprometido con la justicia y la equidad debe actuar de manera transparente y conforme a la ley en todo momento.